El Ayuntamiento de Hondarribia ha formalizado esta mañana la interposición de una querella penal contra las empresas Higertoki y Zaldunborda Berri en el marco del litigio abierto por la venta de los terrenos de Zaldunborda y la reclamación mercantil que asciende a 13,8 millones de euros, según informó Cadena SER.
De la adjudicación a la querella: cronología básica
El conflicto se remonta a 2017, cuando la sociedad pública Hondarribia Lantzen adjudicó los suelos de Zaldunborda a Higertoki por 2 millones de euros. Posteriormente, el Plan General de Hondarribia fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2020 y esa decisión fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2021, con lo que la parcela quedó reclasificada como suelo rural. En septiembre de 2025 las promotoras presentaron una demanda contencioso-administrativa reclamando 13,8 millones por supuestos perjuicios y aportaron 39 documentos justificativos en sede civil.
Tras encargar una auditoría independiente y un dictamen de penalistas, el Ayuntamiento detectó «incoherencias» en la documentación aportada, que motivaron la decisión unánime de la corporación municipal de dar traslado a la vía penal para que los juzgados investiguen la veracidad de las facturas y pagos.
| Hecho | Fecha | Importe |
|---|---|---|
| Adjudicación de terrenos a Higertoki | 2017 | 2.000.000 € |
| Anulación del PGOU (TSJPV) | 2020 | — |
| Ratificación por el Tribunal Supremo | 2021 | — |
| Demanda contencioso-administrativa de las promotoras | septiembre de 2025 | 13.800.000 € reclamados |
Motivos que expone el Ayuntamiento
En la comparecencia en la que el alcalde, Igor Enparan, explicó la decisión, el Consistorio señaló que, del análisis de los 39 documentos justificativos, cerca de 6,1 millones alegados como gastos en sede civil incluyen operaciones que, según el Ayuntamiento, presentan «incoherencias» y transacciones entre empresas vinculadas. Enparan destacó que cerca de 5,5 millones —casi el 90% de esos gastos— corresponderían a facturas entre sociedades del mismo entorno empresarial.
"No podemos mirar a otro lado cuando la mayor parte de los gastos se basa en operaciones de este tipo, y aparecen contradicciones en la propia documentación" — Igor Enparan, alcalde de Hondarribia.
El primer edil afirmó que la iniciativa penal no pretende vulnerar la presunción de inocencia, sino suplir la falta de competencias de la administración local para acceder a la contabilidad interna y a los movimientos bancarios de empresas privadas, y aseguró que la actuación se adopta con el objetivo de «proteger los recursos y el dinero de todas las vecinas y vecinos de Hondarribia», según recoge Cadena SER.
- La querella irá dirigida a depurar la veracidad de las facturas y pagos presentados por las promotoras.
- La decisión contó con el respaldo unánime de la Corporación municipal.
- El Ayuntamiento encargó una auditoría independiente y un dictamen a penalistas antes de dar el paso penal.
El Consistorio ha explicado que la vía penal busca que los tribunales investiguen las operaciones y determine si existen indicios que justifiquen responsabilidades penales, una cuestión que ahora corresponde al juzgado competente. En la comparecencia también se detallaron ejemplos puntuales de operaciones señaladas por el análisis municipal —como un pago de cinco millones a una mercantil con concepto de 'anticipo' seguido de facturas emitidas posteriormente—, datos que el Ayuntamiento ha aportado en su exposición pública del caso.
La formalización de la querella abre una nueva fase en un conflicto que combina litigio urbanístico, reclamaciones económicas y la revisión de la documentación contable aportada por las promotoras. La tramitación judicial determinará si existen indicios suficientes para investigar penalmente las operaciones denunciadas.
