La magistrada de lo social de Donostia, Saioa Irigaray, ha dictado una sentencia que condena a la empresa Ambulancias Gipuzkoa —adjudicataria del transporte sanitario externalizado para Osakidetza— por haber destinado a trabajadores asignados al contrato guipuzcoano para atender servicios en Álava. El fallo considera que esa decisión empresarial es «injustificada y no ajustada a derecho» y ordena la reposición de las condiciones laborales previas, según informa eldiario.es.
Contexto y antecedentes
El conflicto surge en el marco de la crisis que vivió la adjudicataria catalana Grup La Pau, cuyo contrato con Osakidetza fue rescindido anticipadamente en noviembre de 2024 tras sanciones e impagos. Como solución provisional, y sin concurso público, Osakidetza amplió el radio de acción de Ambulancias Gipuzkoa para que atendiera también la zona de Álava. Para Bizkaia se creó una solución distinta: la UTE denominada Bizkanb, integrada por Sanir (ramo sanitario de Alsa) y Baztan-Bidasoa.
Según la sentencia, a comienzos de 2025 la empresa habría modificado sustancialmente las condiciones del personal coordinador cuya base está en Urnieta. A 18 personas —encargadas de la gestión de llamadas y otras incidencias en Gipuzkoa— se les añadieron tareas equivalentes correspondientes al contrato de Álava, servicios por los que Osakidetza abona partidas distintas.
«reponer a esos trabajadores a las condiciones laborales que venían disfrutando con anterioridad»
El sindicato ELA, mayoritario en el comité de Ambulancias Gipuzkoa, y la central LSB‑USO apoyaron la demanda que llevó el caso ante los tribunales laborales. El fallo, que no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia, recoge que la empresa llegó a asumir los hechos en su escrito de contestación.
Qué obliga la resolución
- Restituir condiciones: la empresa debe devolver a los trabajadores las condiciones laborales previas, tal y como expone la resolución.
- Reconocer la ilicitud de la decisión empresarial: el tribunal califica la asignación de tareas de Álava a personal de Gipuzkoa como no ajustada a derecho.
- Riesgo de recurso: la sentencia no es firme y la empresa puede presentar recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
El fallo plantea además la posibilidad de que se hubiera producido un lucro inadecuado, dado que Osakidetza paga por separado los lotes que corresponden a cada territorio. El auto subraya la existencia de lotes distintos para Gipuzkoa y Álava y advierte sobre la improcedencia de mezclar personal y tareas entre contratos que la Administración abona por separado.
Impacto para el servicio y para los trabajadores
La sentencia tiene consecuencias laborales directas para el personal afectado —en su mayoría coordinadores con base en Urnieta— y podría obligar a la empresa a reorganizar la prestación del servicio en Álava sin utilizar recursos del lote guipuzcoano. También apertura interrogantes sobre cómo Osakidetza gestionó la sustitución de Grup La Pau y sobre los criterios adoptados para garantizar la continuidad asistencial sin vulnerar los contratos y los derechos laborales.
| Elemento | Dato recogido |
|---|---|
| Magistrada | Saioa Irigaray |
| Empresa condenada | Ambulancias Gipuzkoa |
| Empresa cuya rescisión desencadenó el conflicto | Grup La Pau (noviembre de 2024) |
| Personal directamente afectado | 18 coordinadores con base en Urnieta (según la demanda) |
Fuentes sindicales y la propia sentencia sitúan el origen de la acción judicial en la denuncia de ELA y el apoyo de LSB‑USO, que consideraron que la modificación de funciones suponía un cambio sustancial de condiciones y que, además, podía encubrir una apropiación indebida de recursos económicos vinculados a los contratos territoriales.
La resolución judicial obliga a la empresa a revertir las decisiones que afectaron al colectivo de coordinadores y refuerza la necesidad de respetar la separación de lotes cuando la Administración pública financia servicios por partidas diferenciadas. El caso todavía puede seguir litigándose en instancias superiores, donde Ambulancias Gipuzkoa puede presentar recurso contra la sentencia de Donostia.
El conflicto se enmarca en la crisis de adjudicaciones y en las soluciones de emergencia que Osakidetza tuvo que adoptar para garantizar la cobertura del transporte sanitario tras la salida de Grup La Pau, una circunstancia que ha generado conflictos laborales y jurídicos en varios territorios.
