El Ayuntamiento de Irun explica cómo actúa ante los procesos de desahucio
El Ayuntamiento de Irun ha dado a conocer este jueves el protocolo que aplica cuando un procedimiento judicial de desahucio afecta a familias del municipio. La alcaldesa, Cristina Laborda, detalló en rueda de prensa que el Consistorio dispone de una trabajadora social dedicada a estos casos y que actúa en coordinación permanente con la plataforma Stop Desahucios para estudiar alternativas a la pérdida de la vivienda.
Según la exposición municipal, el proceso de intervención comienza cuando la familia contacta con los servicios sociales del Ayuntamiento —ya sea por iniciativa propia o a raíz de un requerimiento del juzgado— o cuando existe un informe de vulnerabilidad solicitado por la autoridad judicial. A partir de ese momento, el personal social valora cada expediente de forma individualizada y busca soluciones habitacionales compatibles con la situación concreta de la unidad familiar.
“Estudiamos cuáles son las alternativas que tenemos a nuestro alcance, pero siempre buscamos una alternativa habitacional”, explicó la alcaldesa Cristina Laborda.
La explicación subraya que no todos los desahucios cursados en los juzgados llegan con el informe de vulnerabilidad, lo que limita la capacidad de intervención del Ayuntamiento porque impide conocer formalmente algunos procesos. Cuando el juzgado solicita el informe, el Consistorio lo emite con rapidez, según Laborda, y ese documento es una herramienta clave para intentar frenar el lanzamiento o articular recursos alternativos.
- Trabajo social específico: existe una persona encargada del seguimiento y del acompañamiento.
- Coordinación con Stop Desahucios: colaboración continuada para la recepción y valoración de casos.
- Informes de vulnerabilidad: emitidos con celeridad cuando son requeridos por el juzgado.
- Alternativas valoradas: acceso a pisos de emergencia u otros recursos habitacionales, o la posibilidad de permanecer en la vivienda según la casuística.
En términos numéricos, el Ayuntamiento ha registrado 31 solicitudes de informes por parte de los juzgados en lo que va de 2026, frente a las 61 solicitudes contabilizadas en 2025. La mayoría de las peticiones responden a procedimientos motivados por el impago del alquiler, apuntó Laborda.
| Año | Solicitudes de informe al Ayuntamiento | Observación |
|---|---|---|
| 2025 | 61 | Mayor volumen anual registrado |
| 2026 (hasta la fecha) | 31 | Petición judicial de informe de vulnerabilidad |
Laborda remarcó que la tarea del Ayuntamiento no se limita a emitir documentos: la trabajadora social realiza un acompañamiento directo a las familias, estudia la situación particular y coordina recursos municipales y autonómicos, solicitando también la intervención del Gobierno Vasco cuando procede.
El Consistorio puntualizó que la existencia del informe de vulnerabilidad es determinante: cuando no se tramita, la administración local no tiene conocimiento oficial del proceso y, por tanto, no puede activar sus mecanismos preventivos. Esto implica que una parte de los desahucios se ejecutan sin la intervención municipal previa.
La descripción del protocolo llega en un contexto de presión sobre la vivienda en Gipuzkoa y el conjunto de Euskadi, donde tanto instituciones como organizaciones sociales reclaman mecanismos más ágiles para proteger a hogares en situación de exclusión o especial vulnerabilidad. El Ayuntamiento de Irun ha optado por centralizar en un recurso técnico la respuesta municipal y por reforzar la colaboración con plataformas vecinales que trabajan en la mediación y el apoyo a las familias afectadas.
Las cifras y el procedimiento explicados por la alcaldesa permiten conocer el alcance de la gestión local: el Ayuntamiento facilita informes que pueden frenar desahucios y ofrece alternativas, pero su capacidad de intervención depende en muchos casos de que los juzgados soliciten formalmente esa valoración sociofamiliar.
