La compra por parte del Gobierno Vasco de 510 viviendas en el barrio de Benta Berri (Donostia) para recuperar su condición protegida ha encendido la esperanza entre inquilinos de otros municipios de Gipuzkoa que ven peligrar su derecho a mantener rentas asequibles. Es el caso de 21 familias que residen en tres portales de la calle Alliri, en Tolosa, y que denuncian haber recibido comunicaciones de la propiedad con subidas de alquiler «muy elevadas», según relatan.
El caso de Tolosa
Los vecinos afectados explican que algunas familias llevan en esos inmuebles dos décadas. El año pasado, la constructora propietaria, Adania Gestión, contactó con las comunidades para anunciar incrementos de la mensualidad «en torno a los 300 euros», lo que situaría las rentas «entre 800 y 950 euros», según un grupo de inquilinos consultado junto al edificio.
«Si el Gobierno Vasco lo ha hecho en Donostia —y con otras más de 400 viviendas en los últimos tres años, según el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso—, ¿por qué no aquí?»
La compra de Benta Berri, que ha sido presentada por el Ejecutivo autonómico como una intervención para evitar la pérdida de la calificación de vivienda protegida y su paso al mercado libre, ha servido como referente para los residentes de Tolosa, que reivindican mecanismos similares para garantizar la estabilidad de sus contratos y la continuidad de la protección pública.
Reclamaciones y demandas concretas
- Solicitan que el Gobierno Vasco estudie compras o fórmulas de intervención en viviendas en riesgo de perder su calificación protegida.
- Exigen que las administraciones faciliten alternativas para evitar subidas de renta que provoquen desahucios o desplazamientos.
- Piden transparencia sobre las condiciones contractuales y la posible aplicación de precios de mercado en edificios con vivienda protegida.
Los inquilinos describen la notificación de la empresa como «un mazazo» y mantienen que, en algunos casos, la opción ofrecida fue la venta de los inmuebles a precio de mercado. La referencia a la actuación del Ejecutivo en Donostia, citada por el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, y el dato de más de 400 viviendas adquiridas en los últimos tres años, refuerzan la demanda de estas familias para que se replique la experiencia en otros núcleos urbanos del territorio.
| Elemento | Dato |
|---|---|
| Viviendas compradas por el Gobierno Vasco en Benta Berri | 510 |
| Familias afectadas en la calle Alliri (Tolosa) | 21 |
| Rentas que les han propuesto tras la subidas | Entre 800 y 950 euros (según inquilinos) |
La situación ilustra un problema recurrente en Gipuzkoa: el vencimiento del amparo público de determinadas promociones y la consiguiente posibilidad de su paso al mercado libre con incrementos que los arrendatarios no pueden asumir. Los vecinos de Tolosa reclaman que las administraciones valoren políticas activas —como compras, cesiones o mediación en las renegociaciones— para preservar el parque de vivienda con protección pública.
En declaraciones recogidas por El Diario Vasco, los inquilinos comparan su caso con la intervención realizada en Benta Berri y demandan el mismo tipo de respuesta. Desde el entorno vecinal se confiesa esperanza tras la operación en Donostia: consideran que demuestra que existen herramientas públicas para actuar cuando el riesgo de pérdida de protección afecta a numerosas familias.
De momento, las peticiones de los residentes de la calle Alliri se han expresado públicamente en los accesos del inmueble y en conversaciones con representantes locales, que deberán decidir ahora si elevan la cuestión ante la Diputación Foral de Gipuzkoa o directamente al Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para explorar opciones similares a las aplicadas en Donostia.
