El Gobierno Vasco ha presentado esta semana un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda que combina reformas fiscales, estímulos al alquiler social y cambios urbanísticos, y que el Ejecutivo sitúa como continuidad de cuatro décadas de políticas públicas. Según Denis Itxaso, consejero de Vivienda, las actuaciones forman parte de una estrategia que incluye más suelo destinado a vivienda protegida, impulso del alquiler social y medidas contra los pisos vacíos y la especulación.
Qué propone el Ejecutivo y qué peso tiene en la práctica
Entre las iniciativas anunciadas figura la introducción de reformas fiscales que gravarán la acumulación de viviendas con el objetivo de incentivar la puesta en el mercado de pisos vacíos y favorecer el acceso al alquiler. El Gobierno vasco, además, prepara la tramitación del plan territorial sectorial de vivienda, cuya aprobación se prevé para 2030 y que, según Itxaso, será «la herramienta que determinará el crecimiento coherente de ciudades y municipios desde una perspectiva global, en colaboración con los ayuntamientos».
El Ejecutivo vincula estas medidas con los hitos normativos ya aprobados en los últimos años: la ley de Vivienda de 2015, que reconoce la vivienda como derecho subjetivo exigible, y la normativa de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo de 2025. El Gobierno sostiene que ambos marcos han sentado las bases para las actuaciones actuales.
El parque público y las cifras acumuladas
El consejero ha recordado la inversión sostenida desde 1983: 108.000 viviendas públicas construidas en ese periodo, de las que alrededor de 68.000 mantienen protección social y más de 30.000 se destinan al alquiler social. El informe del Ejecutivo subraya además el cambio introducido en 2003, cuando la nueva normativa hizo que las viviendas protegidas de obra nueva conservaran su calificación de manera permanente, evitando así la pérdida de protección que había ocurrido con promociones anteriores.
Estas cifras sirven al Gobierno para reivindicar un modelo con mayor intervención pública en el mercado de la vivienda y para justificar nuevas normas y estímulos. No obstante, la tramitación del plan territorial sectorial y la definición exacta de las reformas fiscales dependerán del diálogo con ayuntamientos y de la negociación parlamentaria.
Elementos clave del llamado «modelo vasco»
- Suelo reservado para vivienda protegida: imposición de reservas en la ordenación urbanística para garantizar oferta de vivienda asequible.
- Expansión del alquiler social: impulso de programas y compras públicas para aumentar el parque en alquiler gestionado públicamente.
- Lucha contra pisos vacíos y concentraciones de propiedad: medidas fiscales para desincentivar la acumulación
- Ayudas económicas y fiscales: incentivos para dinamizar el mercado y facilitar el acceso a hogares con recursos ajustados.
El Ejecutivo denomina la próxima fase como la «nueva política 3.0» y la presenta como una tercera revolución en la política vasca de vivienda, tras la ley de 2015 y la normativa de 2025. El planeamiento sectorial previsto para 2030 deberá articular cómo se distribuye el crecimiento urbano y cuánta reserva de suelo se exige a municipios y promotores.
Contexto y alcance geográfico
Las acciones que impulsa el Gobierno Vasco afectarán a los tres territorios históricos —Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa— y a los municipios que gestionan la ordenación urbanística. La medida de gravar la acumulación de pisos actúa sobre la titularidad y la gestión patrimonial y podría tener efectos en mercados urbanos con alta concentración de vivienda vacía o propiedad por grandes tenedores, aunque la normativa concreta y sus umbrales serán definidos en el proceso legislativo.
«Será la herramienta que determinará el crecimiento coherente de ciudades y municipios desde una perspectiva global, en colaboración con los ayuntamientos», afirmó Denis Itxaso sobre el plan territorial sectorial de vivienda.
El Ejecutivo justifica su enfoque en la trayectoria inversora: desde 1983 hasta la actualidad, la construcción pública y las medidas regulatorias habrían creado un parque de vivienda protegida que, según sus cuentas, supera las decenas de miles de unidades. Esas cifras (108.000 viviendas públicas desde 1983; más de 68.000 con protección social vigente y más de 30.000 en alquiler) son las esgrimidas por el Gobierno para sostener que Euskadi dispone de una base sobre la que acelerar la política de acceso asequible.
La financiación arrastra variables clave: el protagonismo del suelo público, el papel de las administraciones locales en la reserva de uso y la posible intervención en mercados donde la oferta privada no satisface la demanda asequible. Además, la propuesta fiscal para penalizar acumulaciones conectará con políticas forales y municipales de vivienda, aunque su articulación concreta queda por definir en las próximas semanas y meses.
| Concepto | Cifra aportada por el Gobierno Vasco |
|---|---|
| Viviendas públicas construidas desde 1983 | 108.000 |
| Viviendas con protección social actual | 68.000 |
| Viviendas en alquiler social | más de 30.000 |
Fuentes oficiales del departamento de Vivienda sitúan también la tramitación del plan territorial sectorial de vivienda como horizonte para 2030. El impacto real de las medidas fiscales y urbanísticas dependerá, en última instancia, de su redacción final y de la cooperación con los ayuntamientos, que son competentes en la materia urbanística.
En Gipuzkoa, donde la presión sobre la vivienda es especialmente perceptible en municipios como Donostia / San Sebastián y en la comarca, las medidas anunciadas suponen un refuerzo del marco regulatorio que ya ha venido aplicándose en los últimos años, aunque habrá que esperar a la normativa concreta para conocer cómo se traducen esas líneas maestras en programas de promoción, compras públicas o incentivos fiscales dirigidos a arrendadores y tenedores.
