El Gobierno Vasco ha concretado las primeras condiciones para gestionar las 510 viviendas protegidas de Benta Berri, en Donostia / San Sebastián, tras hacerse con la titularidad del complejo. El Departamento de Vivienda y Agenda Urbana revisará los contratos y analizará la situación de cada hogar antes de definir el marco definitivo de permanencia y alquiler.
La operación ha puesto fin a un periodo de incertidumbre para las familias residentes, que temían quedarse sin vivienda. Según recoge la Cadena SER, los vecinos valoran que el acuerdo aporte seguridad residencial, aunque mantienen su petición inicial: que la adquisición pública permita acceder a los pisos en propiedad. El planteamiento comunicado por el Ejecutivo autonómico se orienta, por ahora, a conservar las viviendas como alquiler protegido.
Comprobación individual de los contratos
La primera fase consistirá en verificar que las personas titulares de los contratos siguen cumpliendo los requisitos exigidos para ocupar una vivienda protegida. El análisis no se limitará a una revisión formal de la documentación, sino que tendrá en cuenta la situación concreta de cada unidad convivencial.
- Se comprobará si los titulares mantienen su residencia habitual en Benta Berri.
- Se revisará si disponen de otra vivienda en propiedad que resulte incompatible con el alquiler protegido.
- También se investigará si existe algún uso indebido de los pisos, incluido el turístico.
El Gobierno Vasco sostiene que cualquier posible incumplimiento se estudiará de manera individual. Si se confirma una causa legal de exclusión, se iniciarían los procedimientos correspondientes con las garantías jurídicas previstas. La revisión, por tanto, no implica por sí misma la salida de ningún residente: antes deberá acreditarse la causa y tramitarse el expediente que corresponda.
«Por fin se quita la indefinición que teníamos, fenomenal»
Uno de los vecinos resumió así a la Cadena SER el alivio generado por las últimas explicaciones. Los residentes aceptan el enfoque del alquiler planteado por el Ejecutivo autonómico, aunque siguen defendiendo que la solución final contemple la posibilidad de comprar las viviendas, que era el objetivo con el que afrontaron inicialmente la operación.
Los ingresos marcarán la segunda fase
La segunda etapa se centrará en analizar los ingresos de los hogares y en estudiar la situación de los contratos hasta noviembre de 2028. Ese horizonte forma parte del proceso anunciado para ordenar el futuro del conjunto residencial y determinar cómo debe mantenerse su función social.
| Elemento | Actuación prevista |
|---|---|
| Viviendas afectadas | 510 pisos protegidos de Benta Berri |
| Primera fase | Revisión de contratos y requisitos de permanencia |
| Segunda fase | Análisis de ingresos con horizonte en noviembre de 2028 |
| Modelo planteado | Alquiler protegido y estabilidad residencial |
La decisión definitiva todavía está pendiente de ese doble examen. Mientras tanto, el acuerdo ofrece a las familias una continuidad residencial que no tenían garantizada durante la etapa de incertidumbre. El reto para el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana será compatibilizar esa estabilidad con el cumplimiento de los requisitos legales de la vivienda protegida y con el objetivo de que los pisos sigan destinados al mayor número posible de familias.
